Tribunal Administrativo de Antioquia admite demanda del alcalde de Medellín contra el Gobierno Nacional por crisis en la salud

Tribunal Administrativo de Antioquia admite demanda del alcalde de Medellín contra el Gobierno Nacional por crisis en la salud

-La sala dio cinco días hábiles al Gobierno Nacional para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó la demanda interpuesta el pasado 29 de mayo por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, ante los incumplimientos del Gobierno Nacional, que tienen hoy en crisis el sistema de salud. La demanda vincula a los ministerios de Salud y Protección Social, Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Nacional de Salud, ADRES y las EPS intervenidas. Esta decisión judicial marca un hito en la defensa del sistema de salud, no solo de los habitantes de Medellín y los colombianos.

La decisión judicial además ordena vincular a toda la red hospitalaria pública y privada de la ciudad, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que se pronuncie sobre los posibles incumplimientos. De igual manera, le dio al Gobierno Nacional un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, la cual busca evitar un perjuicio irremediable ante el riesgo inminente a la vida y la salud.

La demanda fue radicada por el mandatario local en su calidad de primera autoridad sanitaria de la ciudad, argumentando que la intervención del Gobierno a distintas EPS, sumado a que no se garantiza el giro oportuno de recursos a las IPS, como parte de las razones que han puesto en riesgo la vida de millones de colombianos.

Según el alcalde Gutiérrez Zuluaga, los hospitales en Medellín están recibiendo apenas el 6 % de los recursos que se les adeudan, por los servicios de salud prestados a los usuarios.

“Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables. No me voy a quedar callado mientras otros juegan con la salud de la gente”, manifestó el mandatario al presentar la acción popular.

Con la admisión de la demanda, se abre la posibilidad de que cualquier ciudadano u organización se vincule al proceso, en defensa de su derecho fundamental a una salud digna.

Clínicas y hospitales se han visto afectados por la falta de recursos girados desde el Gobierno Nacional, como es el caso del Hospital General, entidad a la que se le adeudan $128.000 millones, y a la red pública Metrosalud, $32.000 millones. Esta decisión judicial marca un hito en la defensa del sistema de salud.

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